A mediados de abril se desató una polémica entre Blue Origin y SpaceX. El motivo fue la adjudicación de un contrato por $2 900 millones para desarrollar un módulo de aterrizaje en la Luna. El contrato se había otorgado a SpaceX, pero tras las protestas de su «rival», se puso en pausa el mismo.
La NASA aseguró que pospondrá los pagos a SpaceX hasta que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno evaluara la decisión. La agencia deberá determinar si la adjudicación fue conforme a las reglas. Con este dinero, SpaceX construiría su supercohete Starship como módulo de aterrizaje.
Cabe destacar que no solo fue Blue Origin la empresa que expresó su inconformidad por la decisión. También se presentó a la convocatoria Dynetics, una empresa con base en Alabama. Ambas compañías aseguraron que se favoreció de manera injusta a SpaceX durante este proceso.
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¿Qué pasó?
La NASA lanzó una convocatoria para elegir, inicialmente, a dos empresas del sector privado para construir la base y nave espacial que llevara a los astronautas a la superficie lunar. Sin embargo, al momento de hacer la selección, eligió una sola empresa: SpaceX.
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La NASA aseguró que SpaceX fue elegida por la gran capacidad de carga que ofrecía con su Starship. Además, la empresa dijo que podía abaratar los costes para no gastar más del presupuesto: $2 900 millones. Este valor es menor al que necesitan sus rivales.
Sin embargo, las protestas de sus competidores tenían diversos fundamentos. Por un lado, Bob Smith, CEO de Blue Origin, aseguró en una entrevista en The Times que la NASA juzgó mal las ventajas de su compañía y minimizó los desafíos técnicos que aún tiene SpaceX.
Además, aseguró que SpaceX tuvo la oportunidad de revisar su oferta de contrato, pero ellos no. Esto, dado que se movió las fechas límites de entrega a última hora. Por su parte, Dynetics dijo que la NASA debería haber reelaborado o cancelado su plan de adjudicación de contratos una vez que determinó que no había suficiente dinero para dos equipos.
La adjudicación queda suspendida hasta que la entidad gubernamental evalúe el proceso. Para esto, tiene un plazo de 100 días; es decir, hasta el próximo 4 de agosto.
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